Miembros de decenas de comunidades diaguita, entre ellas los Quilmes, reclamaron hoy en Tucumán la «libertad inmediata» del cacique Francisco Chaile con una marcha desde los tribunales hasta la comisaría de Monteros, donde lleva 25 días detenido.
Desde las 9.30 hasta el mediodía, indígenas de la Comunidad India Quilmes (CIQ) y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (UPNDT) se manifestaron en forma pacífica con un corte de calles y frente a los tribunales de esta localidad, 97 kilómetros al sur de la capital tucumana.
Los caciques llegados de los valles recalcaron la injusticia de la detención de Chaile, el pasado 6 de junio, en el marco de un enfrentamiento por el control de la Ciudad Sagrada, ubicada sobre la ruta 40 y más conocida como las Ruinas de los Quilmes, en el que involucran al empresario Héctor Cruz.
El empresario «tiene títeres, el legítimo cacique es Pancho Chaile, no Juan Santos y así lo reconoce el INAI. Acá se avasallaron leyes de la Constitución», exclamó Sergio Condorí, delegado de base del Pichao, uno de los parajes de los quilmes.
El pasado 6 de junio un viejo enfrentamiento por el manejo del sitio arqueológico, que para los Quilmes es «territorio, cultura y espiritualidad», estalló en el contexto de un cuestionamiento a la autoridad de Chaile, cuya representatividad fue refrendada seis días después mediante una nota que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le envió a la Fiscalía.
El episodio se enmarca en la pelea por los territorios por parte de intereses económicos ajenos a las comunidades con una larga historia judicial que incluye amparos, órdenes de desalojo, usurpaciones y, en este último caso, violencia y persecución al líder originario.
Aunque la fiscal pidió la prisión preventiva para Chaile por «robo agravado, uso de armas y amenazas», según la abogada Belén Leguizamón de ANDHES (Abogados del Norte por los Derechos Humanos y Sociales) «no hay pruebas que lo vinculen con esa imputación».
De los doce detenidos sólo cuatro pertenecen a la CIQ, mientras que el resto «ni siquiera viven en la zona y algunos están sindicados como barras bravas», es decir que no son comuneros, como llaman en esta parte del norte argentino a integrantes de comunidades indígenas.
La CIQ y la UPNDT exigen «celeridad» en el proceso, «castigo a los responsables ideológicos y materiales» de los hechos y el «cumplimiento de medidas ya dictadas por la justicia provincial» en cuanto a los derechos que les asisten sobre la Ciudad Sagrada.
La marcha de los indígenas calchaquíes para exigir la liberación del cacique estuvo acompañada por militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC, que se mantuvieron en un segundo plano pero que prometieron volver si los convocan «por Don Pancho».
Irma Chaile, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, denunció las condiciones de detención de su padre: «Está en una celda oscura y húmeda, un hombre de bien que tiene 75 años y problemas de salud. Los jueces tienen que ver eso», pidió.
Desde las 9.30 hasta el mediodía, indígenas de la Comunidad India Quilmes (CIQ) y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (UPNDT) se manifestaron en forma pacífica con un corte de calles y frente a los tribunales de esta localidad, 97 kilómetros al sur de la capital tucumana.
Los caciques llegados de los valles recalcaron la injusticia de la detención de Chaile, el pasado 6 de junio, en el marco de un enfrentamiento por el control de la Ciudad Sagrada, ubicada sobre la ruta 40 y más conocida como las Ruinas de los Quilmes, en el que involucran al empresario Héctor Cruz.
El empresario «tiene títeres, el legítimo cacique es Pancho Chaile, no Juan Santos y así lo reconoce el INAI. Acá se avasallaron leyes de la Constitución», exclamó Sergio Condorí, delegado de base del Pichao, uno de los parajes de los quilmes.
El pasado 6 de junio un viejo enfrentamiento por el manejo del sitio arqueológico, que para los Quilmes es «territorio, cultura y espiritualidad», estalló en el contexto de un cuestionamiento a la autoridad de Chaile, cuya representatividad fue refrendada seis días después mediante una nota que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le envió a la Fiscalía.
El episodio se enmarca en la pelea por los territorios por parte de intereses económicos ajenos a las comunidades con una larga historia judicial que incluye amparos, órdenes de desalojo, usurpaciones y, en este último caso, violencia y persecución al líder originario.
Aunque la fiscal pidió la prisión preventiva para Chaile por «robo agravado, uso de armas y amenazas», según la abogada Belén Leguizamón de ANDHES (Abogados del Norte por los Derechos Humanos y Sociales) «no hay pruebas que lo vinculen con esa imputación».
De los doce detenidos sólo cuatro pertenecen a la CIQ, mientras que el resto «ni siquiera viven en la zona y algunos están sindicados como barras bravas», es decir que no son comuneros, como llaman en esta parte del norte argentino a integrantes de comunidades indígenas.
La CIQ y la UPNDT exigen «celeridad» en el proceso, «castigo a los responsables ideológicos y materiales» de los hechos y el «cumplimiento de medidas ya dictadas por la justicia provincial» en cuanto a los derechos que les asisten sobre la Ciudad Sagrada.
La marcha de los indígenas calchaquíes para exigir la liberación del cacique estuvo acompañada por militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC, que se mantuvieron en un segundo plano pero que prometieron volver si los convocan «por Don Pancho».
Irma Chaile, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, denunció las condiciones de detención de su padre: «Está en una celda oscura y húmeda, un hombre de bien que tiene 75 años y problemas de salud. Los jueces tienen que ver eso», pidió.
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