«El proyecto de la mina -enfatizaron los vecinos- se halla ubicado en una zona de importancia vital dónde se encuentran numerosos cursos de agua que bañan las zonas más bajas, y que son necesarios para la supervivencia de la ciudad de Andalgalá y de los pueblos cercanos, así como para todas las actividades agrícolas que se desarrollan en la región».
El máximo tribunal resolvió que la Justicia provincial no podía rechazar un amparo de los vecinos sin analizar su planteo que básicamente impugnaba la forma en que la provincia de Catamarca había evaluado el proyecto de la mina de Agua Rica. La justicia de esa provincia no había hecho lugar al reclamo de los vecinos sin siquiera someter la cuestión al análisis. Por eso acudieron al máximo tribunal del país, que ahora les dio la razón.
En su decisión, la Corte Suprema consideró que la resolución provincial en tanto aprueba el estudio en forma condicional «puede producir un daño grave al medio ambiente que puede llegar a ser de imposible reparación en el futuro».
Los vecinos habían demandado a las empresas Minera Agua Rica y Yamana Gold Inc, a la provincia de Catamarca y al Municipio de Andalgalá para obtener la suspensión de todo tipo de trabajo de construcción destinado a la explotación de las Minas de Agua Rica, ubicadas en los nevados del Aconquija.
Pidieron el cese definitivo del emprendimiento por afectar los derechos a un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región. En su amparo explicaron que Catamarca aprobó el emprendimiento en forma condicionada mediante la resolución 35/09 de la Secretaría de Minería provincial. Aprobar en forma condicional un proyecto, dijeron, «es ilegal, porque ni la legislación nacional ni la provincial admiten que se apruebe un emprendimiento bajo la condición de que la empresa minera en forma previa a iniciar los trabajos subsane las objeciones y observaciones formuladas por la misma provincia».
Los vecinos agregaron que si el proyecto no cumplía con los requisitos de protección ambiental, entonces no debía aprobarse de ninguna manera el emprendimiento.
La explotación de la mina prevé la utilización de volúmenes masivos de agua, lo que generará desechos contaminantes lixiviados. Acompañaron en ese sentido un informe de la Universidad Nacional de Tucumán que advierte sobre el peligro de filtración de los cursos de agua. La Corte Suprema explicó que la misma provincia aprobó en forma condicionada el proyecto minero «porque admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes de iniciar los trabajos para explotar la mina».
Recordó la importancia capital de los estudios de impacto ambiental, que constituyen una herramienta central de política ambiental que deben efectuarse sobre bases científicas, previamente al comienzo de las obras y con participación ciudadana tal como lo establece la Ley General del Ambiente.
