Diógenes Omar Chapelet vivía en un pueblo rural al norte de la ciudad de Santa Fe y tenía 8 hijos. En noviembre un vehículo fumigador pasó a pocos metros de su vivienda y de inmediato comenzó a tener problemas respiratorios y le aparecieron manchas en la piel.
Desde la intendencia lo intimaron a firmar un permiso para continuar las fumigaciones. Su salud empeoró durante diciembre y falleció el lunes pasado.
Marcelino Escalada es una pequeña localidad de dos mil habitantes, al norte del departamento de San Justo, en la región central de la provincia de Santa Fe. Allí vivía Diógenes Chapelet: el hombre de 75 años fue una nueva víctima del veneno de los agrotóxicos utilizados en la producción agropecuaria.
El abuelo, de 75 años, estuvo internado en terapia intensiva. Se sumó así a esa lista de víctimas que en silencio no para de engrosarse, mientras en Argentina -quita de retenciones mediante- volvió a crecer en 2017 el uso de agroquímicos. Fueron casi 4 millones de toneladas el año pasado y se espera que las ventas sigan escalando.
A comienzo de noviembre, durante la tardecita, fumigaron trigo a 25 metros de su vivienda con un mosquito. Salió al patio, aspiró el veneno, sintió que se le cerraba el pecho. Al día siguiente, su piel se cubrió de manchas, las cuales comenzaron a empeorar con el pasar de los días.
La siguiente semana realizan otra fumigación sin tener en cuenta la dirección del viento. En esta oportunidad se hizo la denuncia correspondiente del hecho en la comisaría local.
Luego de la denuncia, el 13 de diciembre, se presentan en forma improvisada en casa de Diógenes el técnico fitosanitarista, Horacio Pennino, junto al presidente comunal José Clemente Faletto, quienes se sorprendieron por la presencia de los hijos del afectado. El encuentro transcurrió en un clima tenso, puesto que el señor técnico se mostró nervioso y agresivo, poniéndose a la defensiva ante cada pregunta de los familiares.
Este señor se retira del lugar elevando el tono de su voz contra los hijos y esposa del damnificado, ya que le hicieron notar que desdeñaba en todo momento el peligro de toxicidad de estos agroquímicos. Lamentablemente no se ha podido llegar a un acuerdo, los familiares se negaron a firmar un documento que habilitaba a los arrendatarios de los campos linderos seguir fumigando.
Al no llegar a un arreglo entre ambas partes, un familiar directo comenzó a recibir llamados intimidatorios por parte de un productor agropecuario, quien exigía la firma a causa de que los perjudicaría financieramente.
Fuente: Infobae
