Organizaciones ambientalistas ralizaron una demanda para que la Justicia le ordene al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) realizar un “análisis de riesgo” de los 400 herbicidas registrados que contienen glifosato, con miras a conseguir la posterior prohibición de su uso y comercialización en el país, a la luz de la recategorización de este agrotóxico efectuada por la Organización Mundial de la Salud el año pasado y de la eventual cancelación de sus permisos en Europa.
Piden que el Senasa “ponga en funcionamiento -de manera urgente e inmediata – el procedimiento de análisis de riesgos de todos los registros autorizados que contengan glifosato.
Previsto en el Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios del Senasa, el proceso de análisis de riesgo fue instituido para ayudar a la autoridad competente a establecer si se debe evaluar la cancelación o reclasificación del registro de un producto fitosanitario, cuando los usos autorizados de ese producto puedan causar efectos adversos, en las condiciones locales de uso, inaceptables tanto para la salud como para el ambiente, según puede leerse en la Resolución 350/99.
“Presentamos un juicio ordinario contra el Estado después de haber agotado la vía administrativa, porque el Senasa nos rechazó una presentación similar que hicimos el año pasado», explicó Darío Ávila, abogado de los Médicos de Pueblos Fumigados, una de las organizaciones demandantes.
En esa oportunidad presentaron 436 publicaciones científicas -nacionales e internacionales, de universidades públicas y privadas- que dan cuenta del efecto sanitario y ambiental del glifosato, las mismas que ahora están en poder de la Justicia Administrativa.
De ser abierto el procedimiento por la vía judicial, el Senasa deberá anoticiar a las empresas nacionales e internacionales que sean titulares de estas autorizaciones, “para que aporten evidencias propias que demuestren la inocuidad de sus productos con glifosato», explicó Ávila.
“Una vez que tiene las dos visiones, el Senasa debe tomar una decisión aceptando o rechazando el pedido de cancelar todas aquellas autorizaciones que hubiera emitido a favor de productos que contengan glifosato”, dijo.
Según datos elaborados por Médicos de Pueblos Fumigados, son 28.000 las hectáreas fumigadas cada año con 320 millones de litros, por lo que 13 millones de personas están en riesgo de ser afectadas por sus efectos.
La cordobesa Sofía Gatica, premio Goldaman y referente de las Madres de Barrio Ituzaingó que en 2012 ganaron el primer juicio oral contra un productor agropecuario y un aerofumigador por contaminar a una población, afirmó que “nosotros somos los damnificados del modelo agroproductivo instalado en la Argentina a mediados de los años 90, y consistente en la combinación de semillas transgénicas, agrotóxicos y siembra directa».
“El 33 por ciento de la población del Barrio Ituzaingó tiene cáncer, el 80 por ciento de los niños tiene agroquímicos en sangre y están naciendo bebés con malformaciones: entonces estamos hablando de que la gente se está enfermando y esto que nos está pasando a nosotros está pasando en toda la Argentina y en América latina”, dijo.
Al momento de denegar el reclamo administrativo presentado en agosto de 2015, el Senasa argumentó que en 2009 el Conicet publicó un trabajo de cuyas conclusiones se desprende que “respetando las condiciones de aplicación establecidas en la etiqueta no existe riesgo de la utilización del mismo” y que la evidencia aportada por las organizaciones “no reviste la entidad científica suficiente” como para desencadenar el procedimiento de análisis de riesgo.
El pasado 20 de marzo, la OMS recategorizó al glifosato como “probable cancerígeno” y el próximo 30 de junio es la fecha límite para que la Comisión Europea decida si le renueva o no el permiso de uso por otros 15 años en el bloque de países.
Y si bien, al principio esto se anunciaba como un procedimiento de rutina, la renovación o no del glifosato se está convirtiendo en un verdadero tira y afloja de los diversos países miembros de la Unión Europea que ya obligó a posponer dos veces la votación para resolverlo.
Junto con los Médicos de Pueblos Fumigados, promueven esta acción judicial las Madres de Ituzaingó Anexo-Línea Fundadora, el Centro de Protección a la Naturaleza y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).
Glifosato:
El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial producido por Monsanto, cuya patente expiró en 2000). Monsanto patentó en algunos países la soja transgénica resistente a glifosato, conocida como soja RR (Roundup Ready) o soja 40-3-2, tecnología que permite la aplicación del herbicida en cobertura total sin afectar el cultivo. Existen actualmente en el mercado cultivares de varias especies resistentes al glifosato, como maíz, algodón, canola, etc.
