El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino redujo aranceles para potenciar la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos en el país, en una maniobra que implica un beneficio para las multinacionales productoras de herbicidas, diseñados para controlar las malezas de cultivos como maíz, soja, caña de azúcar, algodón, yerba mate y tabaco, entre tantos otros.
La resolución la impulsó el Ministerio a cargo del mismo ministro que hace 25 años le abrió la puerta a la siembra directa y los paquetes tecnológicos cancerígenos en nuestro país: Felipe Solá, por aquellos años secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del gobierno de Carlos Saúl Menem y hoy ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El acuerdo lo impulsó Argentina pero rige para los países del Mercosur e implica una reducción del arancel para la importación de esas sustancias dentro del bloque regional. Argentina hizo punta en el pedido a pesar del reclamo constante de gran parte de la población para reducir o eliminar el uso de agrotóxicos en los cultivos por el comprobado daño causado en la salud de los habitantes y del medio ambiente.
El acuerdo de rebajas arancelarias fue solicitado por la Argentina y se concretó en una reunión en la capital uruguaya de Montevideo.
Sugestivamente, el ministerio a cargo de Solá no informó oficialmente acerca de este acuerdo ni a través de sus voceros ni en su página donde cuenta las novedades casi a diario. La noticia trascendió por haber sido publicado en el Boletín Oficial. Ni en las cuentas oficiales de las redes sociales ni en otro sitio se informó del tema.
Por el País se comunicó con el teléfono personal del vocero del funcionario, que nunca respondió a la requisitoria a pesar de los insistentes mensajes.
En todos los casos, los aranceles a aplicar son del 2 por ciento sobre el valor FOB de la mercadería ingresada extra zona. El valor FOB es el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo, el cual abarca tres conceptos: costo de la mercancía en el país de origen, transporte de los bienes y derechos de exportación.
Qué es cada compuesto
Los afectados por la «rebaja» del gobierno son los compuestos químicos empleados para la fabricación de agrotóxicos: monoisopropilamina y sus sales, con un cupo de 26.282 toneladas; y dimetilamina, con un límite de 6000 toneladas.
La monoisopropilamina es uno de los componentes clave de la atrazina, un herbicida selectivo que controla malezas de hoja ancha y gramíneas en los cultivos de maíz, sorgo granífero, lino, caña de azúcar y té. También se utiliza para fabricar otros herbicidas basados en glifosato, el ingrediente activo de una de los herbicidas más usados en la agricultura actual, Round Up.
La atrazina fue prohibida en la Unión Europea en 2004 por su persistente contaminación de las aguas subterráneas. En cambio los Estados Unidos se utiliza ampliamente. Algunos de sus efectos en la salud: desequilibra el sistema endocrino, es cancerígeno, provoca bajos niveles de esperma en hombres, causa daños al feto en desarrollo, alergias, alteraciones del sistema nervioso, altera el sistema inmunológico, entre otras.
La dimetilamina se utiliza, entre otras cosas, como fungicida agrícola. La exposición a atmósferas contaminadas con dimetilamina son extremadamente irritantes: afecta los tejidos de las vías respiratorias, ojos y piel. Su inhalación puede tener consecuencias fatales como resultado de espasmo, inflamación y edema de laringe y bronquios, neumonitis química y edema pulmonar. La exposición de los ojos a altas concentraciones puede provocar ulceración de la córnea, conjuntiva y la destrucción de todos los tejidos oculares.
Un pedido urgente que ya lleva años
En decenas de puntos del país, en especial Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, la lucha contra los agrotóxicos tiene una explicación: cáncer, abortos, malformaciones, alergias, dermatitis, enfermedades respiratorias y digestivas, entre otras patologías, son denunciadas día a día ante los funcionarios, que lejos de entregar una solución a la población financian con dinero del estado una reducción impositiva para seguir envenenando.
El argumento de Argentina. «La existencia de producción regional de un bien similar, pero el mismo no posee las características exigidas por el proceso productivo de la industria del país solicitante.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados precisó que el uso de agrotóxicos pasó de 30 millones de litros (en 1990) a 300 millones anuales en 2011 (200 millones son glifosato). De dos litros del herbicida glifosato por hectárea se incrementó a entre ocho y doce litros.
En 17 países está prohibido el uso del glifosato y en Alemania -país al que pertenece la empresa Bayer-Monsanto- se dejará de usar el 31 de diciembre de 2023. Mientras tanto, Argentina potencia su uso desde el Estado.
«¿De la pandemia del agronegocio quién nos cuida?«, es la pregunta que se hacen más de 100 organizaciones campesinas y socioambientales luego de denunciar fumigaciones con agrotóxicos durante la cuarentena. Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, son algunas de las provincias donde el agronegocio arrojó venenos sobre la población en días de cuarentena, donde aparentemente se cuidaba la salud.
Monsanto y su desembarco en Argentina
El 25 de marzo de 1996 el gobierno de Carlos Menem autorizó la primera soja transgénica con un trámite veloz de sólo 81 días y en base a estudios de la propia empresa Monsanto, según denunció el periodista especializado Darío Aranda. Para aprobarlo, Felipe Solá invocó un dictamen jurídico que aún no se había firmado.
Dos décadas después, el 60 por ciento de la tierra cultivada tiene un sólo cultivo y se utilizan, cada año, 200 millones de litros de glifosato. Sus consecuencias: récord de desmontes, uso masivo de agrotóxicos y sus consecuencias sobre la salud y el medio ambiente, inundaciones, desalojos a campesinos y pueblos indígenas, concentración de tierras en pocas manos y más pobreza.
